El agua en Chile es privada

En el mundo entero es preocupación. En Chile se privatizó en Dictadura. En el Chile actual se roba y hay comunidades que se abastecen con camiones distribuidores, en el Chile actual las y los dirigentes de comunidades que trabajan en defensa del agua, son amenazados, perseguidos, amedrentados.

En el contexto del trabajo de la Convención Constitucional, se incorporó un mecanismo de participación ciudadana, lo que permitió que organizaciones de la sociedad civil presentaran iniciativas populares. En este contexto se presentó la iniciativa N° 40.230. En ésta se describe con claridad el estado en que se encuentra el elemento natural y cómo éste se convirtió en una mercancía sobre la cual sectores con amplio poder económico y político se han negado a otorgar un carácter público y con ello asegurar el libre y equitativo acceso, así como el cuidado que se requiere en el contexto de la sequía. La propuesta describe en 10 puntos la situación y también los caminos a transitar para que el agua se convierta en un bien común y público.

Desprivatizar las aguas y recuperar sus fuentes fue uno de los 10 puntos presentados en la Norma de iniciativa popular. Lo anterior porque en Dictadura —el año 1981— , se promulgó el Código de Aguas que declaró el elemento como un bien económico y en base a esta definición convirtió al agua en un producto de mercado.

El año 2015, el activista y dirigente de MODATIMA (Movimiento por la Defensa de la Tierra y el Agua) Rodrigo Mundaca, en su libro La privatización de las Aguas en Chile: Causas y Resistencias, denuncia el proceso de cómo el agua se convirtió en negocio en Chile, a la vez que promovía su defensa en base a la organización de las comunidades afectadas en la Provincia de Petorca, Región de Valparaíso, sector donde comenzó la lucha por la defensa del agua.

Mundaca, como vocero de MODATIMA, lideró y potenció un movimiento social como instancia que disputó espacio y poder a los tradicionales partidos políticos, logrando poner en la agenda nacional un tema resistido por las elites políticas económicas/empresariales. Ejemplo del éxito de los movimientos sociales en la arena política, en especial el relacionado con la defensa del agua, fue su elección para Gobernador de la Región de Valparaíso, además de la elección de 8 Convencionales Constituyentes. Dos espacios de la política nacional donde se juegan proyectos de largo aliento para el país.

El Código de Aguas en la Dictadura

Sobre el Código elaborado en Dictadura existe amplia literatura que describe el proceso de privatización y el daño causado a la naturaleza y a las comunidades que se han visto enfrentadas a la sequía.

Al respecto Mundaca describe en su libro:

“[A] partir de la formulación del Código de Aguas se le entrega al Estado —a través de la Dirección General de Aguas, institución pública encargada de la gestión del agua— la facultad de conceder derechos de aprovechamientos de aguas a privados, de forma gratuita y a perpetuidad; privados que pueden concurrir al mercado a vender, comprar o arrendar las aguas otorgadas por el Estado, existiendo gratuidad en el mantenimiento, tenencia y uso del recurso […] dicho código señala que las aguas son un bien público, pero a su vez, en su artículo número 5, las declara como un bien económico. Esta singular denominación dio origen al mercado de las aguas [y a pesar de las diversas reformas no se tocó nunca] el régimen de propiedad de las aguas, lo que ha hecho que Chile sea el único país del mundo que mantiene sus aguas privatizadas…”

Por su parte, en la investigación periodística El Negocio del Agua. Cómo Chile se Convirtió en Tierra Seca (2019) de las periodistas Tania Tamayo y Alejandra Carmona, señalan respecto al Código de Aguas de la dictadura:

“[C]olindarían desde ese momento con un sistema de transacciones en el mercado y estarían sujetos a la ideología neoliberal como ningún otro país en el mundo [El Código de Aguas del año 1981, estableció que la] gestión de las aguas debe ser privada y estar en manos de las denominadas Organizaciones de Usuarios de Agua (Juntas de Vigilancia…) Lo que ha sucedido con esto es que empresas consultoras avaladas por DGA intentan consolidar el propósito de formar comunidades de usuarios de aguas subterráneas, en un claro intento por asegurar la gestión privada y blanquear los delitos de usurpación de aguas.”

Todo legal, parafraseando un texto recientemente publicado referido (en materia financiera) a como en Chile se roba y defrauda en forma legal.

El Nuevo Código

Después de 11 años de tramitación en el Congreso Nacional, el 25 de marzo de 2022, el recién electo presidente de Chile, Gabriel Boric Font, promulga un nuevo Código del Agua, el que se reviste de un reconocimiento de lo público del recurso: “prioriza el acceso para el consumo humano y avanza hacia una transición hídrica justa…” señaló el Presidente junto a sus ministros de Obras Públicas y Medio Ambiente.

Pero la promulgación de este nuevo Código de Aguas no estuvo exento de controles. El Tribunal Constitucional ejerció el control de constitucionalidad del proyecto de ley que reformaba el Código de Aguas, correspondiente al Boletín N° 7.543-12, y que declaró inconstitucional una de sus normas. Se trató de la norma que permitiría que la DGA (Dirección General de Aguas) ordenara directamente el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de las atribuciones que le entrega el Código de Aguas.

Pero no solo 11 años de tramitación y el accionar del TC enfrentó el nuevo Código de Aguas, además se encuentra con una entramada administrativa que le depara dificultades para su implementación, entre éstas una absoluta dispersión en la información con diversos organismos del Estado con competencias en la materia. Una DGA que no cuenta con catastros sobre los derechos de agua otorgados y que no se sabe con precisión quién tiene y los usos que se les está dando a los derechos de aprovechamiento de aguas. La falta de información consolidada y dispuesta en forma clara para el acceso ciudadano ha sido un eje del soporte de la privatización del agua en Chile, pues el código promulgado en Dictadura fue sinónimo de comodato a perpetuidad y las reformas realizadas en períodos de democracia solamente se orientaron a administrar.

El acceso a la información pública en Chile cuenta con una ley (Ley N° 20.285) y un órgano autónomo (Consejo para la Transparencia, CPLT) que la fiscaliza, pero no se hace cargo de que la información requerida por cualquier persona esté dispuesta para quien la solicita. Solo nos enteramos que la información no existe cuando ésta es denegada, por alguna causal, por una institución o servicio de la Administración del Estado. Este tema resulta clave en la modernización del Estado y en la funciones del Consejo para la Transparencia. Cómo es posible que un organismo de la administración pública no tenga información sobre la gestión de su competencia.

El nuevo Código define un período de transición para el cumplimiento que, entre otras cosas, espera que para el año 2027 quienes no tengan registrados sus derechos, los podrían perder. También define que quienes tengan estos derechos deberán informar si se produce un cambio de dueño de estos derechos. En cinco años —si se cumple el plazo— se debería desarticular el entramado que ha permitido eludir el fácil acceso a la información y conocer quienes detentan tales derechos.

El nuevo Código de Aguas, si bien establece una declaratoria que incluye la dimensión social, ambiental y el carácter público del bien natural, no altera el rol ni funcionamiento de las Juntas de Vigilancia, cuya base es el interés privado y con ello, como ha quedado demostrado, se provoca un profundo daño a los derechos de la ciudadanía de acceder libre y equitativamente al agua así como un profundo deterioro a los ecosistemas.

Sequía, Privatización y Daño Ambiental

La Empresa Sanitaria de Valparaíso (ESVAL) entregó el 6 de Abril de 2022 el estado del almacenamiento de las aguas en la región: un 31% en el Embalse Los Aromos, lo que asegura abastecimiento por los “próximos meses” para un millón de personas del gran Valparaíso, el litoral norte y la Ligua; Tranque La Luz registra un poco más de 56% de acumulación y Peñuelas alcanza los 5.500 M3, equivalente a menos del 0,01% de su capacidad. ESVAL en su página web informa: “en 2003, la compañía se adjudicó, a través de licitación pública, el derecho de uso por 30 años de las concesiones de la sanitaria de la Región de Coquimbo. Para tales efecto se constituyó una sociedad anónima cerrada filial, denominada Aguas del Valle S.A., la que se encuentra inscrita bajo el Nro. 88 del Registro Especial de Entidades Informantes (REEI) de la Comisión para el Mercado Financiero…”

Por su parte el medio El Desconcierto informó que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) multó a la minera Escondida por daño ambiental irreversible en Atacama. La minera de capitales australiana BHP BILLTON deberá pagar $6.600 millones, luego que se comprobara que sus trabajos originaron una disminución irreparable a los niveles de agua de las mapas subterráneas del salar. Otras tres empresas que operan en la zona también han sido informadas de cargos.

Lo anterior mientras el año 2021, el 53,2% de las comunas del país han sido declaradas en escasez hídrica, vulnerando los derechos de un 8,1% de la población. Los campesinos y comunidades indígenas ya no pueden seguir con sus formas tradicionales de vida, o viven en territorios en sacrificio, describe la norma de iniciativa popular presentada a la Convención, a la vez que señala que la visión de la naturaleza como una “cosa” a ser utilizada, sin derechos, ha destruido la biodiversidad y los ecosistemas y contaminado suelos y aguas, dañando territorios y comunidades. Suma lo anterior el estado de los glaciares, cuyas fuentes de agua surten las cuencas y que su estado es crítico, tanto por la actividad minera y el calentamiento global. Lo que ha quedado demostrados es que “la privatización del agua destruye los ecosistemas, daña la agricultura familiar campesina, obstaculiza la soberanía alimentaria y la transición a la agroecología, y vulnera, entre otros, el derecho humano al agua y la dignidad de personas y familias”

La Convención Constitucional

Como nunca en la historia reciente de Chile, el poder político y económico y sus elites, se han visto tan expuestos con sus privilegios. Esto ha sido doloroso para ellos, porque cuando se descubre el cómo se hicieron de esos privilegios, la reacción de las mayorías es insospechada y se corre el riesgo de que esos privilegios se pierdan.

Esta situación se vivió en Chile y comenzó con la llamada revuelta de Octubre del año 2019 y parece que puede culminar con la aprobación de una nueva Constitución Política, la que esta siendo redactada por 155 Convencionales elegidos democráticamente en un plebiscito realizado el 25 de octubre 2020 y en cual la opción del apruebo (que significaba aprobar la redacción de una nueva constitución) ganó con el 78,27%, a la vez que la opción para definir el órgano que redactaría la nueva constitución — convención constitucional— obtuvo un 78,99%.

Los 155 Constituyentes fueron electos en las elecciones del 15-16 de Mayo de 2021, a la vez que eran elegidos Alcaldes, Concejales y Gobernadores.

Después de meses de trabajo, el pleno de la Convención Constitucional terminó su trabajo el día 14 de Mayo y ahora corresponde que la comisión de armonización y preámbulo realicen su trabajo para que esta sea entregada al Presidente de la República y éste llame al plebiscito para aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional, que se llevará a cabo el 4 de Septiembre de 2022.

En el texto de propuesta constitucional lo referido al carácter y administración del recurso agua quedó establecido como un bien inapropiable. En chileconvencion es posible revisar en detalle la propuesta constitucional.

Nunca sin problemas

La norma sobre el agua y otras referidas al sistema político han desatado un oleaje de ataques y mentiras relacionadas con el trabajo de la Convención. Según la encuestadora Datavoz, “el 58% de los encuestados ha conocido información falsa sobre la Convención,” y en forma diaria se lee que Convencionales deben desmentir información falsa de los sectores conservadores de la misma Convención.

El sitio plataformacontexto, dedicado al seguimiento del trabajo de la Convención, cuenta con un espacio donde clasifica de verdadero o falso los dichos y publicaciones sobre el trabajo de la Convención.

El agua en Chile puede dejar de ser privada y pasar a convertirse en un bien público si en el plebiscito de salida del 4 del Septiembre se aprueba la propuesta de texto constitucional redactada por los 155 constituyentes electos democráticamente. De lo contrario seguirá rigiendo la Constitución elaborada bajo dictadura por unas pocas personas y donde se consagró la privatización de las aguas.